Escrito por: Rosa Maria Ibarra

Los debates respecto al aborto en México continúan siendo un tema delicado donde organizaciones civiles han alzado la voz para lograr que interrumpir el embarazo sea una práctica legal en el país. Hasta hace poco el actual gobierno, encabezado por López Obrador, comenzó a plantear su postura respecto al tema.

 

En específico la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, comentó que el gobierno a nivel federal podría trabajar en un Código Penal nacional único, con el cual, las mujeres podrían ser protegidas si deciden interrumpir su embarazo.

 

 

La secretaria señaló que en el país hay estados donde las mujeres son castigadas por abortar, lo cual es una forma de revictimizarlas, pero con la creación de un Código Penal único cabría la posibilidad de no criminalizar a las mujeres que interrumpan su embarazo.

Para Sánchez Cordero este tema es un asunto de violencia de género donde el mismo estado por parte de los jueces, fiscales y legisladores discriminan a la mujer, después la criminalizan y terminan por llevarla a privarla de su libertad en alguna prisión.

¿Cuál sería el objetivo de un Código Penal único?

La secretaria de gobernación mencionó que el objetivo de contar con el Código Penal único en el país es que las mujeres dejen de ser criminalizadas, es decir, que no puedan ser llevadas y sujetadas a un proceso penal ni quitarles su libertad.

Para Olga Sánchez, este tema no es algo nuevo, ya que desde que era ministra en la Suprema Corte de la Nación se ha pronunciado a favor de la no criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo.

Acciones gubernamentales

 

A pesar de esta declaración de la funcionaria parecería que el tema aún tardará en entrar a debate ya que el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que el debate del tema sobre la despenalización del aborto en México será aplazado para septiembre.

Aunque para algunos políticos el tema puede esperar, lo cierto es que de 2007 a 2016 se reportaron 4,246 casos por delito de aborto, de acuerdo con el Grupo de Información de Reproducción Elegida, lo cual es un claro ejemplo de la criminalización de las mujeres, las cuales, en su mayoría son de zonas rurales.

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