Con el objetivo de proteger a todas las mujeres que hayan sufrido de violencia sexual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este mes la modificación a la Norma Oficial NOM-190-SSA1-1999, concerniente a la atención médica de la violencia familiar, para transformarla en la ahora NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Con este cambio, de ahora en adelante todas las víctimas de violación podrán acudir a cualquier institución médica a solicitar se les practique una interrupción legal del embarazo (ILE) sin que se pueda objetar este requerimiento o hacer una denuncia ante la SCJN.

 

ILE

 

¿Qué tienen que hacer las víctimas para hacer valer su derecho al aborto?

Para este efecto, la solicitante sólo tendrá que presentar un escrito en el que exprese haber sido agredida sexualmente y que requiere de esta atención, o bien declarar bajo protesta, de manera verbal, estar diciendo la verdad sobre lo ocurrido.

Así, ya no será imprescindible que la víctima haga primero una denuncia ante las autoridades, ya que este proceso, además de que en ocasiones solía ser complicado y hasta en detrimento de la afectada, evitaba que se practicara esta intervención oportunamente e impedía que este derecho fuera “accesible, cercano, rápido y pronto”, como manifestó el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.

La eterna controversia

Cabe destacar que esta acción de la Suprema Corte es clara y que las objeciones que hubo al interior de este organismo para la aprobación por unanimidad fueron de índole técnica y no en sí de contenido de fondo, por lo que la polémica desatada se debe más a la diversidad de creencias religiosas y posturas morales en México.

A razón de ello, la nueva norma prevé la posibilidad de que por cuestiones de este tipo elementos de las instituciones médicas tengan “objeción de conciencia” para practicar la interrupción del embarazo, por lo que en ningún caso se verán obligados a intervenir, no si bien todos los hospitales deberán contar con el personal suficiente para cubrir este servicio.

Aún falta mucho por hacer

Aunque este es un paso adelante en la legislación mexicana para evitar que sobre todo víctimas infantiles y adolescentes puedan ver truncadas sus vidas además de haber sufrido de por sí una experiencia traumática (40% de las agredidas son menores de 15 años), habrá que ver cómo funciona ya en la práctica, pues varios son los casos de negligencia obstétrica en las instituciones de salud pública e incluso en entidades en donde es permitido el aborto desde hace tiempo ha habido casos en los que presuntamente los fármacos empleados para este fin no cumplen con su objetivo debido a su mala calidad.

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